La preocupación de este texto se encamina hacia este derrotero: ¿qué tendría que hacer el funcionario, el servidor público, el burócrata que tiene frente a sí la instrucción o encomienda de implementar el “gobierno abierto”? ¿Qué sucede con la interlocución con la comunidad? ¿Puede germinar en cualquier contexto o se requiere de ciertas características de la ciudadanía y de los gobiernos que asumen un compromiso de apertura?
